Por Daniela Pastrana
MÉXICO,
21 oct (IPS) - "Tenemos el deber de mostrar cuál es la realidad, y lo
haremos con toda independencia", dijo el jurista francés Philippe
Texier, magistrado internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP) que este viernes 21 instaló formalmente la sección México.
"Tradicionalmente
los jueces son mudos, pero debemos aclarar por qué estamos aquí y por
qué aceptamos la petición de las organizaciones mexicanas" para iniciar
el proceso de investigación y calificación de posibles crímenes del
Estado contra la humanidad, agregó.
"México tiene una imagen internacional relativamente buena en derechos humanos, porque ha suscrito todos los tratados y convenciones, y el papel del TPP será demostrar si esta imagen es real o no", dijo Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El TPP es un tribunal de conciencia, fundado en 1979 en Bolonia, Italia –por inspiración del entonces ya fallecido abogado y político Lelio Basso–, con el objetivo de convertir en permanente la función desempeñada por los tribunales Russell sobre la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974, 1975 y 1976).
El organismo busca calificar situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad y ha sesionado en unos 40 países.
La Fondazione Lelio e Lisli Basso, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, aceptó abrir un expediente sobre México a partir de una solicitud presentada hace dos años por organizaciones civiles y de derechos humanos.
Durante los próximos dos años, el TPP realizará una serie de audiencias sobre siete temas que resumen el escenario humanitario mexicano actual, marcado por la violencia entre bandas de narcotraficantes y la militarización del combate a las drogas.
Ellos son guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; migraciones, refugio y desplazamiento forzado; feminicidio y violencia de género; violencia contra los trabajadores; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los pueblos; y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.
Los organizadores prevén que el proceso, que se instaló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la presencia del secretario general del TPP, Gianni Tognoni, y de dos magistrados internacionales que formarán parte del jurado –Texier y el italiano Ippolito Franco– concluya en los primeros meses de 2014.
"Es un paso importante en la unión de todas las luchas y en la sistematización de todos los agravios", dijo a IPS la indigenista mexicana Magdalena Gómez, integrante del Comité Garante del Capítulo México del TPP.
"Como se dijo aquí, será fundamental para la visibilización internacional de las violaciones de derechos humanos y para terminar con esta simulación extendida tantos años", agregó.
Franco, quien fue presidente de la Asociación Italiana de Juristas Democráticos, explicó a IPS que la principal aportación del TPP, además de visibilizar la "dolorosa situación de México", será echar a andar una dinámica de participación ciudadana, a partir del desarrollo de las audiencias.
Esta participación, explicó, "es más importante que el propio juicio de los tribunales".
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, destacado defensor de derechos humanos en México, agradeció a los magistrados y miembros del TPP, que aceptaran instalar la sección México.
"Sabemos que vienen a ayudarnos, porque es de nosotros la responsabilidad de instaurar la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias porque nos da una esperanza de saber que el TPP va a estar trabajando aquí", dijo el sacerdote, después de enunciar una lista de violaciones.
Ante un auditorio lleno, Vera nombró la criminalización de los jóvenes que "son contratados por una economía criminal porque las instituciones no les dan trabajo", la aparición de grupos paramilitares, "que son una muestra del desorden que estamos viviendo", y la militarización.
"El ejército tiene la autoridad de la pena de muerte, mata y nadie lo castiga", acusó. "Son acciones impuestas por un Estado cuyos dirigentes están llenos de ambición, y en el que no son las propuestas políticas lo que cuenta, sino el negocio y la rapiña, que les abre la puerta al puesto que aspiran".
Más tarde, en una breve entrevista con IPS, Vera señaló que la presencia del tribunal "permitirá que se conozca lo que realmente ocurre aquí".
De acuerdo con el esquema de trabajo del TPP, en 2012 y 2013 se realizarán preaudiencias y audiencias temáticas, en la medida de las posibilidades económicas y organizativas de cada una de las comisiones. Y a principios de 2014, el jurado emitirá su fallo.
Andrés Barreda, profesor de economía de la UNAM, uno de los principales impulsores de la instalación del TPP en México, dijo a IPS que se buscó explícitamente desvincular el proceso de las elecciones presidenciales de 2012.
"Si hay militantes de partidos políticos involucrados, será a título personal, pero ningún partido estará incorporado a las audiencias", dijo.
Franco explicó que el TPP parte del fundamento jurídico de que todo pueblo tiene derecho a su identidad, a sus tradiciones y a sus propias vías de desarrollo. Y de que los derechos humanos están por encima de la propiedad de los poderosos y de la libertad económica.
"Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad y a una total reparación", concluyó. (FIN/2011)
"México tiene una imagen internacional relativamente buena en derechos humanos, porque ha suscrito todos los tratados y convenciones, y el papel del TPP será demostrar si esta imagen es real o no", dijo Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El TPP es un tribunal de conciencia, fundado en 1979 en Bolonia, Italia –por inspiración del entonces ya fallecido abogado y político Lelio Basso–, con el objetivo de convertir en permanente la función desempeñada por los tribunales Russell sobre la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974, 1975 y 1976).
El organismo busca calificar situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad y ha sesionado en unos 40 países.
La Fondazione Lelio e Lisli Basso, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, aceptó abrir un expediente sobre México a partir de una solicitud presentada hace dos años por organizaciones civiles y de derechos humanos.
Durante los próximos dos años, el TPP realizará una serie de audiencias sobre siete temas que resumen el escenario humanitario mexicano actual, marcado por la violencia entre bandas de narcotraficantes y la militarización del combate a las drogas.
Ellos son guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; migraciones, refugio y desplazamiento forzado; feminicidio y violencia de género; violencia contra los trabajadores; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los pueblos; y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.
Los organizadores prevén que el proceso, que se instaló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la presencia del secretario general del TPP, Gianni Tognoni, y de dos magistrados internacionales que formarán parte del jurado –Texier y el italiano Ippolito Franco– concluya en los primeros meses de 2014.
"Es un paso importante en la unión de todas las luchas y en la sistematización de todos los agravios", dijo a IPS la indigenista mexicana Magdalena Gómez, integrante del Comité Garante del Capítulo México del TPP.
"Como se dijo aquí, será fundamental para la visibilización internacional de las violaciones de derechos humanos y para terminar con esta simulación extendida tantos años", agregó.
Franco, quien fue presidente de la Asociación Italiana de Juristas Democráticos, explicó a IPS que la principal aportación del TPP, además de visibilizar la "dolorosa situación de México", será echar a andar una dinámica de participación ciudadana, a partir del desarrollo de las audiencias.
Esta participación, explicó, "es más importante que el propio juicio de los tribunales".
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, destacado defensor de derechos humanos en México, agradeció a los magistrados y miembros del TPP, que aceptaran instalar la sección México.
"Sabemos que vienen a ayudarnos, porque es de nosotros la responsabilidad de instaurar la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias porque nos da una esperanza de saber que el TPP va a estar trabajando aquí", dijo el sacerdote, después de enunciar una lista de violaciones.
Ante un auditorio lleno, Vera nombró la criminalización de los jóvenes que "son contratados por una economía criminal porque las instituciones no les dan trabajo", la aparición de grupos paramilitares, "que son una muestra del desorden que estamos viviendo", y la militarización.
"El ejército tiene la autoridad de la pena de muerte, mata y nadie lo castiga", acusó. "Son acciones impuestas por un Estado cuyos dirigentes están llenos de ambición, y en el que no son las propuestas políticas lo que cuenta, sino el negocio y la rapiña, que les abre la puerta al puesto que aspiran".
Más tarde, en una breve entrevista con IPS, Vera señaló que la presencia del tribunal "permitirá que se conozca lo que realmente ocurre aquí".
De acuerdo con el esquema de trabajo del TPP, en 2012 y 2013 se realizarán preaudiencias y audiencias temáticas, en la medida de las posibilidades económicas y organizativas de cada una de las comisiones. Y a principios de 2014, el jurado emitirá su fallo.
Andrés Barreda, profesor de economía de la UNAM, uno de los principales impulsores de la instalación del TPP en México, dijo a IPS que se buscó explícitamente desvincular el proceso de las elecciones presidenciales de 2012.
"Si hay militantes de partidos políticos involucrados, será a título personal, pero ningún partido estará incorporado a las audiencias", dijo.
Franco explicó que el TPP parte del fundamento jurídico de que todo pueblo tiene derecho a su identidad, a sus tradiciones y a sus propias vías de desarrollo. Y de que los derechos humanos están por encima de la propiedad de los poderosos y de la libertad económica.
"Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad y a una total reparación", concluyó. (FIN/2011)
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