LIMA, 18 jun (IPS) - El saliente gobierno peruano de Alan García suspendió la construcción del complejo hidroeléctrico Inambari, que es parte del acuerdo energético con Brasil. Pero en realidad sólo se trata de un analgésico para calmar los nervios de los pobladores opositores y patear el problema a su sucesor, Ollanta Humala.
"Inambari vuelve a foja cero, no hay más", dijo a IPS Tatiana Berger, asesora de prensa del Ministerio de Energía y Minas, luego de que el gobierno publicara el miércoles 15 la resolución número 265-2011-MEM, que declara concluida definitivamente la concesión temporal otorgada a la brasileña Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C (Egasur) para realizar trabajos preliminares del proyecto.
La medida, que fue producto de una negociación con alcaldes y dirigentes locales de la región sureña de Puno, también resalta que para "cualquier derecho eléctrico relativo al Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari deberá realizarse la consulta previa" a los pueblos indígenas, como figura en el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo.
Alrededor de la represa confluyen las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios, en el sudeste de Perú, donde unos 70 pueblos tendrían que ser reubicados si se construye la central y el embalse que abarcará 37.800 hectáreas, según el estudio de factibilidad de la empresa Egasur, conformada por las brasileñas Electrobrás Furnas y OAS.
Aunque la nueva resolución del gobierno peruano aquietó las recientes protesta de los dirigentes de Puno, el conflicto sigue latente porque la norma no garantiza una cancelación definitiva del proyecto, según expertos y líderes locales consultados por IPS.
"Sólo hemos dado una tregua, lo que queremos es un decreto en el que se garantice una cancelación definitiva del proyecto", señaló a IPS el presidente del Comité de Lucha de la provincia de Carabaya, en Puno, Hernán Vilca.
"Insistiremos en eso con este gobierno y con el futuro presidente Humala", que asumirá el cargo el 28 de julio, aseguró.
El pedido del dirigente tiene sustento. El 7 de octubre de 2010 se venció el plazo para que el Ministerio de Energía y Minas otorgue una nueva ampliación de concesión temporal a Egasur, porque la empresa ya había obtenido el plazo de un año adicional que es lo que establece como máximo la ley.
"Esta nueva resolución sólo oficializa lo que ya se sabía desde hace ocho meses, pues no plantea algo nuevo, y quizás lo positivo es que el caso ya dio la vuelta al mundo", manifestó el abogado César Gamboa, de la no gubernamental Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR).
En una carta que Egasur envió a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, con fecha 7 de octubre de 2010, la propia empresa solicitó que se dé "por cumplidas nuestras obligaciones relacionadas a la concesión temporal con la presentación de los estudios de factibilidad".
Con este documento, al que tuvo acceso IPS, Egasur deja claro que ya concluyó los estudios técnicos, económicos y de evaluación ambiental que forman parte del estudio de factibilidad y que fueron realizados mientras la concesión temporal estuvo vigente.
En razón a ello, expertos como Gamboa aseguran que, pese a la concesión temporal, ya quedó cancelada la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) y puede seguir su proceso en forma paralela, pues la empresa cuenta con los estudios preliminares y posteriormente podría solicitar una concesión definitiva.
"La norma tampoco exige como un requisito obligatorio que la empresa tenga vigente una concesión temporal para obtener la concesión definitiva", agregó Gamboa.
La trampa mayor está en garantizar la participación ciudadana que sí se exige como parte la elaboración del EIA, ya que hay un gran rechazo de la población al proyecto, principalmente en Puno, debido a los potenciales impactos ambientales y sociales. Egasur aún no ha logrado realizar la segunda ronda de talleres informativos.
Pero el Ministerio de Energía y Minas de Perú aseguró a IPS que no ha ingresado ningún expediente referido al EIA y que tampoco hay ningún procedimiento pendiente de evaluación del proyecto Inambari.
Pero en Brasil no se da por concluido el tema. Un día después de conocerse la resolución que cancela la concesión temporal, un portavoz de Electrobrás señaló a la agencia BNamericas que el proyecto de Inambari aún es viable.
El secretario de Planificación del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Altino Ventura, dijo a IPS que lo que se sabe es que Perú hará una revisión del proyecto "consultando sus leyes y a sus comunidades". Añadió que sobre el acuerdo energético suscrito con Perú, en junio 2010, aún se espera la aprobación final del Congreso legislativo.
La central hidroeléctrica Inambari "interesa a los dos países" y su energía "atenderá prioritariamente a las necesidades de Perú" y el excedente se destinará a Brasil.
Sin embargo, expertos peruanos han señalado que el problema es que este país aún no ha definido lo que consumirá en los próximos 30 años que dura el acuerdo y, por lo tanto, no puede fijar un porcentaje de energía para su consumo interno, el mismo que posteriormente no podrá ser modificado.
Como parte del acuerdo, se había previsto la construcción, además, de las centrales hidroeléctricas de Mainique, en Cusco, y las de Paquitzapango, Tambo 60 y Tambo 40, en Junín.
Mainique también quedó a foja cero debido a que se encontraba sobre la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni y no contaba con la previa aprobación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como exige la ley.
Lo mismo ocurre con Paquitzapango, pues la concesión temporal también quedó sin efecto y existen pocas probabilidades de que se reabra el tema debido al rotundo rechazo de la población nativa asháninka a esta obra financiada por la poderosa firma Odebrecht.
"Lo que nos preocupa es la cercanía con Brasil del futuro presidente Humala", insistió Vilca. "Por eso seguiremos alertas y mandaremos cartas a todos los ministerios", añadió el activista, quien también explicó que los otros temas pendientes con el gobierno es el retiro de las concesiones mineras de la provincia de Carabaya y la recuperación del río Ramis.
La asesora de Energía y Minas de Perú dijo que más adelante Egasur o cualquier otra empresa puede solicitar de nuevo una concesión temporal. Mientras, el acuerdo energético con Brasil sigue vigente a la espera de nuevos proyectos con capitales brasileños que le den vida. (FIN/2011)
La medida, que fue producto de una negociación con alcaldes y dirigentes locales de la región sureña de Puno, también resalta que para "cualquier derecho eléctrico relativo al Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari deberá realizarse la consulta previa" a los pueblos indígenas, como figura en el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo.
Alrededor de la represa confluyen las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios, en el sudeste de Perú, donde unos 70 pueblos tendrían que ser reubicados si se construye la central y el embalse que abarcará 37.800 hectáreas, según el estudio de factibilidad de la empresa Egasur, conformada por las brasileñas Electrobrás Furnas y OAS.
Aunque la nueva resolución del gobierno peruano aquietó las recientes protesta de los dirigentes de Puno, el conflicto sigue latente porque la norma no garantiza una cancelación definitiva del proyecto, según expertos y líderes locales consultados por IPS.
"Sólo hemos dado una tregua, lo que queremos es un decreto en el que se garantice una cancelación definitiva del proyecto", señaló a IPS el presidente del Comité de Lucha de la provincia de Carabaya, en Puno, Hernán Vilca.
"Insistiremos en eso con este gobierno y con el futuro presidente Humala", que asumirá el cargo el 28 de julio, aseguró.
El pedido del dirigente tiene sustento. El 7 de octubre de 2010 se venció el plazo para que el Ministerio de Energía y Minas otorgue una nueva ampliación de concesión temporal a Egasur, porque la empresa ya había obtenido el plazo de un año adicional que es lo que establece como máximo la ley.
"Esta nueva resolución sólo oficializa lo que ya se sabía desde hace ocho meses, pues no plantea algo nuevo, y quizás lo positivo es que el caso ya dio la vuelta al mundo", manifestó el abogado César Gamboa, de la no gubernamental Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR).
En una carta que Egasur envió a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, con fecha 7 de octubre de 2010, la propia empresa solicitó que se dé "por cumplidas nuestras obligaciones relacionadas a la concesión temporal con la presentación de los estudios de factibilidad".
Con este documento, al que tuvo acceso IPS, Egasur deja claro que ya concluyó los estudios técnicos, económicos y de evaluación ambiental que forman parte del estudio de factibilidad y que fueron realizados mientras la concesión temporal estuvo vigente.
En razón a ello, expertos como Gamboa aseguran que, pese a la concesión temporal, ya quedó cancelada la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) y puede seguir su proceso en forma paralela, pues la empresa cuenta con los estudios preliminares y posteriormente podría solicitar una concesión definitiva.
"La norma tampoco exige como un requisito obligatorio que la empresa tenga vigente una concesión temporal para obtener la concesión definitiva", agregó Gamboa.
La trampa mayor está en garantizar la participación ciudadana que sí se exige como parte la elaboración del EIA, ya que hay un gran rechazo de la población al proyecto, principalmente en Puno, debido a los potenciales impactos ambientales y sociales. Egasur aún no ha logrado realizar la segunda ronda de talleres informativos.
Pero el Ministerio de Energía y Minas de Perú aseguró a IPS que no ha ingresado ningún expediente referido al EIA y que tampoco hay ningún procedimiento pendiente de evaluación del proyecto Inambari.
Pero en Brasil no se da por concluido el tema. Un día después de conocerse la resolución que cancela la concesión temporal, un portavoz de Electrobrás señaló a la agencia BNamericas que el proyecto de Inambari aún es viable.
El secretario de Planificación del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Altino Ventura, dijo a IPS que lo que se sabe es que Perú hará una revisión del proyecto "consultando sus leyes y a sus comunidades". Añadió que sobre el acuerdo energético suscrito con Perú, en junio 2010, aún se espera la aprobación final del Congreso legislativo.
La central hidroeléctrica Inambari "interesa a los dos países" y su energía "atenderá prioritariamente a las necesidades de Perú" y el excedente se destinará a Brasil.
Sin embargo, expertos peruanos han señalado que el problema es que este país aún no ha definido lo que consumirá en los próximos 30 años que dura el acuerdo y, por lo tanto, no puede fijar un porcentaje de energía para su consumo interno, el mismo que posteriormente no podrá ser modificado.
Como parte del acuerdo, se había previsto la construcción, además, de las centrales hidroeléctricas de Mainique, en Cusco, y las de Paquitzapango, Tambo 60 y Tambo 40, en Junín.
Mainique también quedó a foja cero debido a que se encontraba sobre la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni y no contaba con la previa aprobación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como exige la ley.
Lo mismo ocurre con Paquitzapango, pues la concesión temporal también quedó sin efecto y existen pocas probabilidades de que se reabra el tema debido al rotundo rechazo de la población nativa asháninka a esta obra financiada por la poderosa firma Odebrecht.
"Lo que nos preocupa es la cercanía con Brasil del futuro presidente Humala", insistió Vilca. "Por eso seguiremos alertas y mandaremos cartas a todos los ministerios", añadió el activista, quien también explicó que los otros temas pendientes con el gobierno es el retiro de las concesiones mineras de la provincia de Carabaya y la recuperación del río Ramis.
La asesora de Energía y Minas de Perú dijo que más adelante Egasur o cualquier otra empresa puede solicitar de nuevo una concesión temporal. Mientras, el acuerdo energético con Brasil sigue vigente a la espera de nuevos proyectos con capitales brasileños que le den vida. (FIN/2011)
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