EL DISCURSO DEL FOTÓGRAFO GERVASIO SÁNCHEZ‏

Z_Discurs...pps

Ver en línea

Descargar(2040,5 KB)

¿DESDE LIMA LA OPERACION CONDOR...?‏

Por: GUSTAVO ESPINOZA M. (*)

Pareciera tener razón el valeroso profesor paraguayo Martín Almada. Hace algunas semanas denunció que estaba en marcha una nueva fase de la siniestra “Operación Cóndor” que tanto daño hizo a nuestros países bajo el imperio de las dictaduras militares del pasado.

Y solo algunos días atrás, el semanario “El Siglo”, que se edita en Santiago de Chile, publicó un extenso artículo de Jean-Guy Allard  en el que se pone en evidencia la llamada “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”, entidad que, bajo sus siglas en ingles (ILEA) funciona desde el año 2005 en diversos países.

Se trata -dice el autor de la nota- de “una siniestra red de establecimientos que preparan a policías y militares de distintos países en modernas técnicas de tortura y represión”.

La denuncia en el hemisferio sur, la hizo Hector Timmerman, ministro de relaciones exteriores de Argentina, quien recogió  lo dicho por el salvadoreño Frankie Flores, quien aseveró que Estados Unidos dispone de una red de cinco institutos ILEA de preparación de policías y militares a sus últimas técnicas de represión, cuatro de ellos fuera de su territorio: en Budapest, Hungria; en Bangkok, Thailandia; en Gaborone, Botswana;  y en San Salvador, El Salvador. Completa el circuito, ILEA Roswell en Nueva México, Estados Unidos, la única sede que funciona en USA.

Actualmente la ILEA entrena agentes operativos de varios países latinoamericanos, en técnicas especiales destinadas a derrotar -según dice- el terrorismo, el narcotráfico y la subversión, Del Perú recientemente, fueron capacitados ocho “alumnos” cuya identidad no se conoce. Así aplicó sus acciones la “Operación Cóndor” en el pasado.

Particular preocupación debe causarnos la versión que proporciona Frankie Flores: una de las instituciones mas peligrosas de esta red es el Centro de entrenamiento para la región suramericana con sede en Lima “donde se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia o para “combatir el terrorismo” como se llama ahora, ya que este tipo de academias fue diseñado y aprobado bajo la administración del presidente Billy Clinton para “entrenamientos contra-terroristas e intercambio de información”, es decir, espionaje.

¿Ha autorizado el ciudadano peruano el funcionamiento de esta institución en su territorio? ¿Se ha hecho algún debate en torno a la materia en nuestro país? ¿Han informado a la opinión pública de esto los medios de comunicación? ¿Ha aprobado el Congreso de la República del Perú una resolución  legislativa amparando esa acción? ¿Ha avalado el Presidente García -y antes el Presidente Toledo- a una entidad con esos fines? ¿Por qué han guardado ante el tema tanto silencio las autoridades peruanas?

En todo caso,  virtualmente es muy poco lo que se sabe, porque ni el gobierno peruano ni las autoridades militares se han dignado decir una palabra en torno a la materia. Han guardado el mismo silencio que guardó el general Richter Prada, cuando, colaborando con la “Operación Cóndor” contribuyó a fines de los setenta del siglo pasado secuestrar, torturar y asesinar a un pequeño grupo de “Montoneras” en nuestro país.

El Ministerio Justicia -si el tema tuviera que ver con el imperio de la ley- debiera ser el primero en hablar en torno a la materia; pero a lo mejor aquí ocurrió lo mismo que en Costa Rica, donde los funcionarios del Pentágono prefirieron entenderse con las autoridades de policía y no con las judiciales, como ameritaría “el cumplimiento de la ley”.

Es posible que quienes hayan tenido en sus manos el caso, optaran por el silencio con la idea de estar protegiendo una suerte de “secreto de estado” que hoy se ha vuelto público; o quizá que, simplemente, hayan sido sorprendidos por el nombre rimbombante de una entidad que se dice empeñada en asegurar propósitos lícitos. .

Si este improbable hecho hubiese ocurrido, aún estarían a tiempo las autoridades peruanas para pronunciarse y actuar en consonancia con los intereses del país; dado que el Perú no podría ser un centro de preparación para prácticas contrarias a la naturaleza misma de la nación.

Los peruanos, en efecto, no concebimos el territorio nacional como un lugar de capacitación para torturadores ni asesinos de ningún género. Por lo demás, ese tipo de acciones configuran hoy delitos de lesa humanidad, reconocidos por la legislación Penal Internacional y por los Tribunales de Justicia como la Corte de La Haya.

Quienes tienen duda respecto a la esencia de instituciones de esta naturaleza debieran recodar a la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, que en Panamá cumplía funciones similares: adiestraba oficiales de los ejércitos y las policías de nuestros países para someterlos a su control más estrecho y a la ejecución de planes y programas vinculados a la estrategia de dominación de los Estados Unidos.

La siniestra Fort Benning, sepultada en los estertores de la guerra fría, fue, un activo centro de operaciones militares en el se fraguaron agresiones contra diversos países de la región. Castillo Armas y sus colaboradores que actuaron en provecho del Imperio en 1954 en Guatemala, se adiestraron allí; del mismo modo como lo hicieron los que desembarcaron en Playa Girón, en 1961; y en Santo Domingo pocos años más tarde.

Incluso la misma agresión militar norteamericana que depuso al general Noriega a fines del siglo pasado en Panamá, contó con el apoyo activo de este centro de la subversión internacional.

Aunque el diplomático norteamericano John Danilovich aseguró en su momento que no existe ningún componente militar en el programa de estudios de esta academia, que la AICL es estricta y explícitamente no militar y que tampoco habrá armas o la instrucción típica de una academia de policía; lo que ya se conoce dista mucho de esa versión

Hoy se sabe, en efecto que reciben actualmente, entrenamiento allí agentes provenientes de 30 países de América, entre ellos: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y Perú.

De acuerdo con las versiones recibidas, la citada academia entrena anualmente un promedio de 1500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros agentes estatales en diferentes técnicas, en temas de narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Los instructores provienen de agencias de Estados Unidos, como la agencia antidrogas DEA, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), notorios expertos en esta políticas.

Las sospechas respecto al origen y funciones de esta institución, en realidad nacieron en la misma patria de Walt Whitman y Martin Luther King. Allí el organismo de derechos humanos School of Americas Watch (SOAW) denunció en el año 2005 que la ILEA era una “escuela de asesinos”. Por su parte, el reverendo Roy Bourgeois, aseguró que esta academia significa “un retroceso en términos democráticos” y “un camino para seguir controlando a Latinoamérica”.

En el Perú estamos en víspera de un proceso electoral. ¿Querrán los candidatos a la Presidencia de la República o los postulantes al Congreso Nacional pronunciarse en torno a este tema? ¿Se darán cuenta que tras este asunto hay hechos que lesionan nuestra soberanía y nuestra dignidad como Estado? ¿Tendrán conciencia que “centros” de este tipo resultan incompatibles con   cualquier rumbo elementalmente democrático, patriótico, o nacionalista?.

El Perú, ni sus instituciones ni su suelo, pueden ser usados en provecho de la tortura y la muerte. Nuestra capital no puede convertirse en sede exportadora del terror en sus más diversas modalidades. Hay que impedir a toda costa que el siniestro Cóndor renazca de sus cenizas.

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / http://nuestrabandera.lamula.pe

Camisea: ¿crónica de un desperdicio anunciado?

Por: Ingº Percy Castillo Neira

Grupo de Investigación Energía, Industrialización y Desarrollo

percycastillo@combustionindustrial.com  

Como investigadores en temas energéticos y conocedores de la realidad de la industria latinoamericana, en algún momento definimos que el Gas Natural representaba la última posibilidad de impulsar al Perú hacia el desarrollo económico.

Cuando se firmó el Contrato Camisea el 2002 nos pareció pésimo negocio para el país y absurda la concepción general del proyecto, principalmente por separar la explotación de los líquidos y del gas natural seco, y dividir las etapas de generación, transporte y distribución, como si se tratase de energía eléctrica; sin embargo, prestamos todo el apoyo posible para se cumplan los supuestos objetivos del proyecto, esperados durante 20 años.

Al firmarse el Contrato LNG para regalar la mitad de las reservas probadas a los mismos intereses económicos del Consorcio Camisea y TGP, entendimos las razones por las cuales nunca se realizó ningún esfuerzo por planificar la masificación del consumo interno del gas natural y dejamos de pensar que solamente se trataba de simple ignorancia.

Han transcurrido 3 años desde la llegada del Gas Natural de Camisea a Lima y ya podemos evaluar en forma objetiva los resultados y la proyección del modelo aplicado; todos tenemos derecho a hacerlo.

El gobierno parece satisfecho de los resultados; ciertamente puede estarlo porque se están cumpliendo sus objetivos; nosotros no lo estamos porque sabemos que tales objetivos benefician a algunos, pero todavía en forma insignificante al país.

Analicemos el cumplimiento del objetivo principal del gobierno: Monetización del

Recurso:

(1).- Se han extraído del subsuelo algo de 650 billones de pies cúbicos de gas natural húmedo, se han transportado y utilizado en Lima y Callao alrededor de 100 billones de gas natural seco, reinyectando la diferencia; se ha transportado 32 millones de galones de líquidos a la refinería de Pisco separando y comercializando los productos [GLP, Naftas y Kero-Turbo].

El Gas Natural Seco ha sido utilizado por Centrales Termoeléctricas, 150 empresas industriales y algo más de 5000 hogares, habiendo recibido sus formidables beneficios técnicos, económicos y ecológicos un 82% de extranjeros y solamente un 18% de peruanos. Solamente se ha gasificado aproximadamente el 0.01% del territorio nacional ya que ni siquiera en el recorrido del gasoducto se ha aprovechado su disponibilidad, confirmando que en el gobierno y el sector energía siguen sin diferenciar energía térmica y eléctrica.

El valor comercial de los líquidos es de 3.200 millones de dólares, por lo cual el Perú debería recibir por regalías alrededor de 1.000 millones de dólares; las razones por las cuales solamente ha recibido la tercera parte de tal cantidad deben investigarse.

(2).- Se ha firmado un contrato comprometiendo para exportación 4.2 trillones de pies cúbicos que representan casi la mitad de las reservas probadas recuperables de gas natural del país, fijando un precio de venta al exportador de 0.65 US$/MM BTU y un cobro por regalías de 38%, por lo cual el Perú recibiría US$ 0.25/MM BTU. Actualmente Bolivia recibe un promedio de 5 US$/MM BTU por la exportación a Brasil y Argentina, es decir, 20 veces más; y el valor comercial del gas natural es de 9 US$/MM BTU y resulta impredecible en el futuro. Se puede deducir que bajo las condiciones del contrato LNG firmado, recibirá el 5% de los beneficios económicos con los precios actuales del gas natural en el mercado internacional, diluyéndose tal beneficio en la medida que se incrementen tales precios en los próximos 20 años. Puede establecerse como conclusión, que la monetización del recurso beneficiará al país solamente con una moneda de cada 20 aprovechadas.

Resulta más simple evaluar los resultados en función del cumplimiento de los objetivos normales adoptados por cualquier otro país del mundo interesado en aprovechar el gas natural como herramienta fundamental de desarrollo, porque en este campo no se ha hecho nada positivo; muy por el contrario, intencionalmente se ha obstruido y dificultado cualquier intento por avanzar en este campo, con la clara intención de asegurar la ejecución del Proyecto LNG.

(3).- Las condiciones negociadas de los contratos referidos ya resultaban vergonzosas con el precio del petróleo en US$ 28/barril, pero al producirse la nueva crisis energética provocada por el despegue económico de China y la India, aparentemente irreversible, resultan inaceptables. Existen importantes razones y fundamentos para justificar la revisión de las condiciones pactadas para la explotación, transporte y distribución del gas natural en el país y la detención definitiva del Proyecto LNG

(4).- La separación de la generación, transporte y distribución, como si se tratase de energía eléctrica, tenía como fundamento evitar los monopolios y la concertación; sin embargo, los mismos accionistas [Hunt Oil] son los predominantes en todas las etapas; nos preguntamos como ha negociado Hunt Oil con Hunt Oil, en presencia del Ministro de Energía el precio en boca de pozo para el Proyecto LNG.

(5).- El escándalo Skanska en Argentina, en el que se mencionan pagos de coimas en el Perú para el Proyecto Camisea, el informe de la Contraloría General de la República del Perú informando sobre irregularidades en el Proyecto Camisea, y el informe de la Defensoría del Pueblo respecto a la obstrucción de la investigación de demandas de daños ecológicos justifican una exhaustiva investigación de los juzgados anticorrupción en todas las actividades de Camisea.

(6).- En muchos países con recursos energéticos y concesiones con empresas extranjeras para su explotación, se han realizado renegociaciones de contratos firmados por resultar la realidad actual totalmente diferente a la que se vivía al momento de suscribirlos. Nuestros vecinos afectados han renegociado sus contratos: Argentina, Bolivia y Ecuador. El argumento de que existen contratos firmados que se deben respetar resulta injustificado y ciertamente muy sospechoso; no se puede negar la policía a frustrar el asalto a un Banco, con el argumento de que ya comenzó a ejecutarse.

(7).- La defensa del vergonzoso Proyecto LNG por parte de funcionarios estatales no se ha limitado a declaraciones y posiciones de escuderos; se han modificado leyes en el Congreso, se ha modificado el propio contrato para permitir la incorporación de reservas del Lote 88, se han licitado lotes con aparentes reservas probables como inversiones de riesgo, etc.

(8).- Para asegurar los inmensos beneficios del proyecto LNG mayores a los de la actual deuda externa del país, y conseguir créditos blandos para efectuar la inversión inicial, el ministro de Energía que firmó el Contrato LNG ha sido ubicado en el BID, y el vice ministro de Energía de esa época, célebre por haber confesado que no sabía para que servía el gas natural, ha sido nombrado vice ministro de Economía del Perú.

(9).- Para asegurar el mismo objetivo se ha asegurado la presencia en puestos claves de funcionarios sin el conocimiento, experiencia y prestigio para desarrollar una gestión eficaz: Un Ministro de Energía que no conoce la diferencia entre reservas probadas, probables y posibles; un Presidente de OSINERG que declaró hace dos años que tenía en su institución 50 expertos en construcción de gasoductos y un Presidente de PROINVERSIÓN que durante cinco años no ha sido capaz de concretar una sola licitación para distribución y/o transporte del gas natural al resto del país.

(10).- Al publicar el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú un

Pronunciamiento sobre los puntos mencionados, cumpliendo su labor en defensa de la ética, la actitud del gobierno actual y del propio periodismo resultan desconcertantes, dando más crédito a una Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, evidente y vergonzosamente puesta al servicio de intereses ajenos al país por quien desempeñaba simultáneamente las Presidencias de esta Sociedad y del Proyecto LNG y actualmente es representante de Hunt Oil en el Perú.

Cuando manifestamos que Camisea constituía la última oportunidad de impulsar el país al desarrollo económico no expresamos una opinión; establecimos una conclusión como resultado de 20 años de investigación y experiencia profesional que nos permite afirmar que la dependencia de la economía mundial respecto a los hidrocarburos determinará que en el Siglo XXI las posibilidades económicas, sociales y militares de los países dependerán fundamentalmente de la disponibilidad de reservas propias de hidrocarburos; por ello, el manejo actual del país en el campo energético en general y la inaceptable intención de los gobiernos anterior y actual de regalar los recursos invalorables de gas natural que representan el futuro del país constituye una traición a la patria que no deberíamos de permitir, actuando dentro de la Ley y la Democracia.

18/07/07

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LAS PLANTAS

Por:  Teresa Sánchez
         Henry Rojas

CULTURAMBIENTAL:

“Preocuparse por los árboles de la ciudad no es un problema de utópicos, románticos y poetas, es un deber de los responsables que toman las decisiones al respecto: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, alcaldes, urbanistas, concejales y también de toda la población, ya que el beneficio que se genera de ello es bienestar social para todos”. Con estas palabras la bióloga, ecóloga, urbanista, escritora y pionera feminista venezolana Giovanna Mérola Rosciano, fallecida hace ocho años (18 de febrero de 2003), daba la justa importancia de los árboles de la ciudad. A ella y a todos los que amamos y defendemos los árboles de la ciudad dedicamos esta culturambiental de hoy.

LOS ÁRBOLES Y SU FUNCIÓN SOCIAL

A diferencia de la función estrictamente ecológica que cumplen los árboles en las montañas, los árboles en la ciudad cumplen también una función social; su plantación se realiza para aprovechar el espacio público y aumentar el bienestar de sus habitantes. Entre las funciones más reconocidas podemos destacar que dan oxígeno, brindan sombra, refrescan el aire circundante, regulan la humedad del ambiente, disminuyen ruidos, retienen partículas sólidas (hollín y polvo) y también gérmenes ambientales, atenúan los vientos, retienen el agua de lluvia, dan albergue a multitud de fauna (aves, ardillas, etc), embellecen las vías de tránsito y las viviendas. Con toda esta serie de bondades que nos brindan, las mayoría de los habitantes de la ciudad y buena parte de los funcionarios que tienen a su cargo su cuido no le dan el valor que merecen.

Los árboles son seres vivos como nosotros los humanos, pues también nacen, crecen, se reproducen, mueren y se enferman. A tal punto son seres vivos que estudios científicos han demostrado que son capaces de alegrarse o entristecerse, pero el tema que hoy les traemos es el referido a sus derechos. Sí, los árboles también tienen derechos y aquí les damos parte de los mismos, esperando que se asuman y divulguen en pro de la defensa del arbolado de todas las ciudades del país, y en nuestro caso, Caracas.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LAS PLANTAS

Preámbulo:

Considerando que: Debido a la inmensa y alarmante desaparición de la vegetación en el mundo, sobre todo en los trópicos, donde existe una marcada abundancia de vida, los humanos que tenemos capacidad mental y raciocinio, tenemos que hablar en defensa de todos los seres vivos de la tierra y particularmente en nombre de las plantas, que es a la vez en nuestro propio interés.

Considerando que: Las plantas absorben el dióxido de carbono y emiten oxígeno, el cual es vital para la vida del planeta. Los bosques tropicales son particularmente importantes por la gran producción de oxígeno al mundo.

Considerando que: Los individuos del reino animal, incluyendo los humanos, viven principalmente de las plantas, aun sin ser vegetarianos 100%.

Considerando que: Las plantas son seres que responden ante una gran variedad de estímulos, perciben la luz y han desarrollado un maravilloso sistema armonioso de vida en contacto inmediato con su ambiente. Estos seres extraordinarios comparten el mundo con nosotros e inclusive comparten casi una quinta parte de sus genes con nosotros.

DECLARAMOS ESTAR DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y REGLAS:

Artículo 1. Declaramos por principio que las plantas tienen el derecho a vivir, igual que los animales, libres de explotación humana excesiva, sea en nombre de la ciencia o deporte, exhibición o servicio, alimentación o moda. La meta principal es evitar el riesgo de extinción de cualquier especie. Una naturaleza de vegetación sana favorece tanto a los humanos como a los animales.

Artículo 2. Intervenir con todos los medios para ayudar las especies en peligro de extinción.

Artículo 5. No saquear los bosques de plantas endémicas para coleccionistas y no comprar plantas que hayan sido sacadas del bosque sino cultivadas; ni formar herbarios privados de plantas raras, algunas en peligro de extinción.

Artículo 6. Eliminemos todas las expresiones despreciativas de las plantas: monte, mala hierba, maleza etc. Hay sinónimos como subvegetación o plantas invasoras, y sobre todo, cada planta tiene un nombre. El llamado nombre científico, el cual consiste en el nombre del género y de la especie y además se indica a qué familia pertenece. Para eso hace falta educación y respeto desde la infancia, la enseñanza primaria hasta el nivel universitario. Así aprendemos a observar, comprender y querer las plantas.

Artículo 7. Evitar la crueldad contra las plantas, como podas inadecuadas, desmocha excesiva u otro procedimiento imprudente que muchas veces pueden causar la muerte de la planta.

Artículo 20. Tenemos que aprender a convivir con las plantas y particularmente con los árboles que nos proporcionan tantos beneficios. Los árboles significativos históricamente deben tener protección especial.

Para conocer todo su contenido visite www.avepalmas.org/derechos.html.

_____________________________
¿Qué es la arboricultura urbana?

Quizás sea esta la primera vez que muchos de los que leen esta pregunta hayan escuchado dicho término. Pues bien, la arboricultura urbana es una rama especializada de la arboricultura en general, que tiene como objetivo el planteamiento moderado del cuidado de los árboles en las ciudades que requiere planificación a largo plazo, coordinación profesional y participación local. Para que los programas de esta índole tengan éxito es necesario educar a la población urbana sobre la función de los árboles, de manera que las instancias a quienes competa, como los municipios y la comunidad puedan comprender que la arboricultura urbana tiene que ver con la recreación urbana, el diseño urbano y la arquitectura paisajista. Pero quienes se ocupan de la ordenación de la vegetación de la ciudad necesitarán adquirir nuevas competencias; los ingenieros forestales tendrán que aprender a combinar el conocimiento de los árboles con una comprensión de cuestiones inherentes a la administración de la ciudad, así como a la sociedad y sus necesidades.

Es evidente que aún nos falta mucho por hacer en cuanto al desarrollo de la arboricultura urbana como disciplina y como actividad. En términos generales, los árboles urbanos pueden y deben transformarse en parte integrante de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad y convertirla en un lugar donde la gente pueda vivir y trabajar de manera saludable desde el punto de vista ambiental.

_________

SABÍAUSTED:

•  Los árboles interceptan la radiación solar, la reflejan, absorben y transmiten, con lo cual ayudan a controlar la temperatura del aire al crear sombra.

• 90 a 160 metros cuadrados de cobertura vegetal pueden suplir los requerimientos de oxígeno de una persona en un medio urbano.

• Los árboles adecuadamente plantados pueden reducir ruidos del transito automotor en áreas residenciales.

Foro Internacional La Privatización del Agua y las propuestas alternativas. Organiza FENTAP

30 mil en las calles en defensa del agua

Marzo 04 del 2011

Agua sí, oro no. No a la minería, sí al páramo, sí a la vida. Estas fueron algunas de las consignas que se vieron y escucharon durante la marcha denominada 'Defendamos el Agua de Bucaramanga', liderada por Fenalco Santander, y que logró convocar a miles de bumangueses. Fuente: diario Vanguardia 26/02/2011. Desde las 2:30 p.m. de ayer, se dieron cita en Neomundo y la Puerta del Sol, desde estudiantes de diferentes colegios de Bucaramanga y el área metropolitana, representantes del comercio, trabajadores, universitarios y grupos sindicalistas, hasta representantes de la juventud mutiscuana. Todos, sin importar edad, tenían una petición en común: la preservación de las fuentes hídricas de la región. Erwing Rodriguez-Salah, director Ejecutivo de Fenalco Santander, señaló a la jornada de movilización como "una verdadera audiencia pública. Demostró que los bumangueses están abiertamente a favor de la preservación del agua y en contra de la explotación minera a gran escala". Y resaltó: "los santandereanos se unieron en una sola voz en defensa del agua y le dijeron no a la licencia ambiental para el proyecto de minería a cielo abierto Angostura y en general a todo proyecto minero a gran escala que contemple la utilización de tóxicos en grandes cantidades". De acuerdo con Rodríguez-Salah, luego de esta multitudinaria movilización ciudadana "tenemos un compromiso histórico con la región. El Páramo de Santurbán y toda su zona circundante fue un privilegio que Dios nos heredó a los santandereanos como una fábrica de agua". Ministerio invita a audiencia pública El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expresó su respeto frente a las manifestaciones realizadas en Bucaramanga y Bogotá contra la minería y la defensa de los páramos y convocó a que la ciudadanía participe de la segunda audiencia pública ambiental. La audiencia está programada para el próximo 4 de marzo en la capital santandereana. Quienes estén interesados en realizar intervenciones durante esta jornada, deberán inscribirse previamente llenando el formulario respectivo y anexando la ponencia. La fecha límite de inscripción de las ponencias y/o escritos culmina el próximo lunes 28 de febrero. Esto lo pueden hacer en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, y las Per-sonerías municipales de Vetas, California y Bucaramanga. Entender el proyecto: Greystar Steve Kesler, presidente de la compañía minera Greystar, manifestó que un proceso de aprobación de licencia ambiental es típico aquí y en otros países y que "es necesario que la comunidad entienda el proyecto y cómo serán manejados los impactos". Momentos previos a la manifestación, Kesler sostuvo: "Son libres para dar sus opiniones del proyecto, pero también es nuestra responsabilidad dar la información correcta para que la comunidad considere la ejecución de este proyecto". Ver un video de la marcha

 

La OIT no solo pide consulta sino “consentimiento”

Por: Paul McAuley

Febrero, 2011.- Existe en italiano un dicho: “traduttore, traditore” cuyo equivalente en castellano sería “traductor, traidor”. Lo he comprado. Trabajaba durante 7 años en un centro internacional en Roma, Italia. Una de mis responsabilidades en el equipo era hacer la traducción simultánea durante las conferencias diarias desde el francés, español o italiano al ingles.

Otros compañeros, desde otras cabinas, se encargaron de traducir del ingles y otros idiomas. Éramos 4 traductores. A veces en la audiencia había gente que entendieron varios idiomas y se entretuvieron escuchando a las traducciones para comprobar la fidelidad del traductor. En varias ocasiones escuché, durante el descanso, “no voy a confiar más en tal traductor…estoy escuchando su traducción y no es fiel a lo que está diciendo el conferencista.”

De hecho tuvimos que retirar un traductor quien, por no estar de acuerdo con las ideas de ciertos conferencistas, sencillamente cambiaba el sentido de la conferencia. De allí se confirma que a veces el “traductor es un traidor.”

¿Y qué tiene que ver esa anécdota con el Convenio 169 de la OIT de las Naciones Unidas?

Muy simple.

Leyendo los textos originales en ingles sobre la dicha “consulta” previa, libre e informada, descubrí que en el caso de la amenaza de perder sus territorios o acceso a sus tierras tradicionales, la palabra “consulta” no existe. En ese caso no se exige una “consultation” (consulta) sino “consent” (acuerdo, consentimiento). Entre consulta y consentimiento hay una gran diferencia. En muchas culturas un joven que quiere casarse con su enamorada no pide una “consulta” al padre de la chica. Lo que pide es su “consentimiento”. Y aun en ciertas culturas si no hay ese consentimiento, no hay matrimonio.

La Ley internacional no habla de una “consulta” de los pueblos indígenas en el caso de que los indígenas pudieran perder acceso a sus territorios ancestrales. Exigen su previo y libre “consentimiento”.

¿Congreso engañado o cómplice?

En un primer momento, habiendo sabido que el Congreso actual había votado la aprobación de la ley de “consulta” me pregunté ¿cómo es que hubo un acuerdo rápido del Congreso en un tema tan sensible e importante? Pero a final me contagié del optimismo de los que vieron el lado positivo de la noticia. Tristemente – ¿o providencialmente? – la ley fue observada por el Ejecutivo por ciertos criterios o intereses.

Pero dado esa diferencia crítica entre “consulta” y “consentimiento” pudiera ser una “Félix culpa” que la ley de consulta no haya sido aprobada aun. Ahora aun tenemos tiempo para debatir, aclarar y pedir una modificación a esa ley que debe incluir mención específica del “consentimiento” cuando se trata de un peligro para los territorios tradicionales de los pueblos indígenas.

¿Porqué derogar esta Ley de Consulta?

Precisamente porque su titulo engaña. La Ley internacional se fundamenta en las orientaciones de las Naciones Unidas, que en 1989 divulgó el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 6, inciso 2, se menciona la exigencia de lograr “la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. No es sólo una “consulta”. La finalidad es lograr su “consentimiento”.

La nueva Ley forestal definitivamente pudiera afectar el acceso de los pueblos a territorios que han tradicionalmente utilizado, para caza, botica o materiales. Y el convenio 169 específicamente aclara que no está pensando en tierras tituladas sino en “los territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera.”.(art. 13)

Y para hacerlo aun más claro, el inciso 2 del artculo13 :” La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”

La posibilidad de “cambio de uso”, de “plantaciones”, de grandes extensiones de concesiones en nuestra región obviamente afectaría a las tierras que los pueblos tradicionalmente ocupan.

“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.” (Artículo 14)

Y en el caso que se lograría el “consentimiento” la nueva ley forestal debería incluir otra exigencia de la ley internacional.

“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. (Artículo 15)?¿Qué mecanismos se prevé en la nueva ley forestal para la participación de los pueblos en la utilización y administración de los recursos?

AIDESEP; la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y muchísimas más organizaciones han indicado que el proceso de “consulta” que la Comisión Agraria insiste en perseguir no respeta las exigencias de AIDESP y ni de la propia ley internacional. Citamos de nuevo el Artículo 6:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Y si eso no fuera suficientemente claro, añade:

“2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

Una vez más “consentimiento”, no sólo consulta. El propósito, y la intención del Convenio 169, es clarísima

Y si consultamos a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, es obvio que la consulta debe ser previa y con la intención de lograr un “consentimiento”.

“Artículo 19, Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.”

Convenientemente se ha utilizado solo la palabra “consulta” ignorando estas exigencias claras de la ley internacional para conseguir un “consentimiento”.

Traduttore = traditore: traición en la traducción.

¿Cómo se ha logrado convencer al Congreso exigir solo una “consulta” de los pueblos? ¿Qué intereses existen para que no haya un “consentimiento”? ¿Cómo los asesores legales no han detectado esa carencia fundamental para la garantía de los derechos de los pueblos?

Tal vez el término “consulta” pudiera ser entendido en los casos de contratos para explotación petrolera o minera donde normalmente no existe una amenaza sobre el acceso a sus territorios. Pero es muy claro con la experiencia de concesiones y los apetitos para plantaciones en grandes extensiones que el derecho a acceso a territorios que tradicionalmente han utilizado está en peligro. Y, en ese caso, la OIT y las Naciones Unidas en su conjunto exigen un “consentimiento” previo.

Hay razón por dudar la “buena fe” de la Comisión Agraria. Hace meses, en una de las “audiencias públicas” en Iquitos el Congresista Huerta gritó, en respuesta a una pregunta: “esto no es la consulta previa…es audiencia pública.” Y a los pocos días cambió de opinión y dijo que efectivamente era parte de la “consulta previa”. Contó con la colaboración del GOREL para dicha actividad. Hace tres días en Madre de Dios los dirigentes indígenas suspendieron la audiencia reclamando que no era adecuada. Existe todo indicio que la Comisión Agraria seguirá ciegamente en sus dicha “consulta” prevista para Iquitos. Y sin duda encontrarán algunos asistentes que no entienden las exigencias de la ley internacional.

—-
(*) Paul McAuley es religioso de nacionalidad británica y preside la Red Ambiental Loretana (RAL): http://www.redambientalloretana.org/.