En
Chile se acaba de promulgar una ley que busca evitar la generación de
Pasivos Ambientales Mineros (PAM), pues representan una amenaza para la
salud o la seguridad física de las personas que habitan o circulan en
sus alrededores. En Perú, la normativa existe hace años. Sin embargo,
tal como lo demuestra esta investigación, contar con una ley puede ser
apenas un pequeño primer paso. En Perú hay registrados 6.847 PAM, sin
embargo existen solo 50 responsables identificados. En algunas
localidades las comunidades afectadas han amenazado al Estado con hacer
justicia con sus propias manos.
Las aguas del río Condoraque, en la provincia de San Antonio de
Putina, departamento de Puno en Perú, tienen un color anaranjado. En
las orillas no hay vegetación sino polvo del sedimento del mineral
antiguamente explotado. Su contaminación afecta a otros ríos —Toco
Toco, Putina, Huancané, Ramis—, llegando hasta el Lago Titicaca. Las
aguas ácidas se enlazan con manantiales de agua y riegan tierras
agrícolas y pastizales.
Las ovejas y alpacas de campesinos de la comunidad, de 45 familias
muy pobres, pueden morir si beben de estas aguas. Otra forma de morir
de los animales es por la aspiración del polvo del mineral. Esto ocurre
en julio y agosto, cuando los vientos corren con fuerza en el altiplano y
transportan polvo de mineral en tan grandes cantidades que cubren los
pastizales.
O también, cuando los animales cruzan el río, contraen pedera, una
enfermedad que afecta a las patas, las cuales se llenan de un
sarpullido parecido a la sarna. Algunos pierden las pezuñas.
A los humanos no les ocurre menos. Los comuneros presentan
enfermedades frecuentes: diarrea, afecciones respiratorias, dolor de
cabeza, tos, dolores reumáticos en manos y pies.
El problema afecta a unas diez comunidades colindantes con Condoraque
que viven de la agricultura, pastoreo y crianza de alpacas y ovinos, a
más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. No tienen más fuentes de
agua que las contaminadas. Simón Orihuela, presidente de Condoraque,
dijo a INFOS que su ganado ha sido reducido a la tercera parte de lo que
poseía cada familia. Algunas tenían antes cien alpacas y ahora, a lo
más, treinta. “Los animales toman el agua del río, les da diarrea y se
mueren. También abortan y pierden a las crías. Nosotros comemos esos
animales y también estamos muriendo poco a poco por la contaminación”.
Todo
esto es provocado por lo que dejó en el lugar la minera Regina Palca
11, en 2006, después de extraer tungsteno durante 30 años. Nada menos
que un millón doscientos mil toneladas de relaves. Dejó también un
vertedero de aguas contaminadas hacia la Laguna Choquene y el río
Condoraque, una lluvia ácida con un pH de 3.25, similar al del vinagre,
que no es apta para el consumo humano o de animales ni para el riego de
vegetales. Ahora la concesión está en manos de la empresa Sillustani
SA, que no ha resuelto la situación.
Solo un botón de muestra
El pasivo ambiental de Condoraque no es uno de los más graves del
Perú. Tuvo resonancia porque en 2010 la ONU envió un cable pidiendo una
investigación al gobierno peruano, luego de que la Oficina de Derechos
Humanos y Medio Ambiente de Puno presentara el caso en Nueva York en el
XVIII Periodo de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la
organización. También existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno. El proceso se
encuentra en etapa de investigación preparatoria. Las primeras pericias
del MINEM de la región concluyeron en lo previsible: las aguas de la
Laguna Condoraque se encuentran impactadas negativamente por las altas
concentraciones de cadmio, cobre, plomo y zinc que exceden los
estándares de calidad ambiental. Pero aun no existe una idea completa
del daño, del plan para enfrentarlo y del costo que implicaría
contrarrestarlo.
Ese es el panorama de los pasivos ambientales mineros en el Perú: la
contaminación está a la vista lo mismo que los daños, y, al mismo
tiempo hay muy poca información disponible sobre las características de
los desperdicios dejados por las labores de minería, que incluyen
bocaminas, chimeneas, piques, tajos, trincheras, depósitos de desmontes y
de relaves, aguas ácidas, efluentes. Se ignora en qué medida cada caso
constituye un riesgo permanente y potencial para la salud de la
población, el ecosistema circundante y la propiedad.
En 2000, un estudio del Banco Mundial estimó que las actividades
mineras y metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13
billones de metros cúbicos de efluentes en los cuerpos de agua del país.
Desde mediados de la década pasada el sector minero ha ido asumiendo
progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la mitigación
de los daños y prevención de otros. Incluso hay compañías privadas que
al asumir una concesión remediaron por su cuenta pasivos dejados por el
Estado. Es lo que hizo Barrick en Quiruvilca, departamento de La
Libertad, donde Minero Perú dejó drenajes de aguas ácidas y enormes
residuos de mineral. Como parte del proyecto Lagunas Norte confinó 60
mil metros cúbicos de carbón, cerró nueve bocaminas y tres chimeneas,
construyó 3.5 kilómetros de canales de drenaje, revegetó el área y
construyó un humedal artificial para tratar el agua afectada. Pero se
requiere multiplicar este ejemplo para revertir el daño que ha producido
la actividad desde mucho tiempo atrás.
Después
de dos meses de búsqueda incesante en fuentes oficiales y luego de
realizar dos peticiones amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
finalmente INFOS pudo acceder al expediente de los pasivos ambientales
mineros (PAM) más peligrosos. Y resultó que Puno, donde hay unos 250
PAM, no es el departamento más afectado por la contaminación que generan
las minas abandonadas. El peor es Ancash.
Contaron 6,847 pero hay mucho más
En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 15% de los PAM
registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de cierre
autorizado. Los demás, siguen de una u otra forma contaminando el medio
ambiente y afectando la salud humana, la vida silvestre y el medio
ambiente de diversas comunidades, incluso dentro de áreas naturales
protegidas.
La estadística del MINEM es una actualización realizada en el año 2006,
que contabilizó varios miles menos de pasivos. La Dirección de Medio
Ambiente del MINEM estableció criterios que pudieran estandarizarse y
elaboró fichas para registrar la información de cada relave según la
información disponible a la vista o la percepción sobre tipo de daño
potencial —a la salud, la vida silvestre o la conservación— y a fin de
que desde cualquier región la base de datos pudiera ser renovada por
funcionarios del sector, incluso por ciudadanos que quisieran aportar
información. En 2010 el MINEM inició un viaje a las zonas contaminadas
para verificar los datos del 2006, ponerlos al día y tomar
fotografías. Ese año, los pasivos ambientales mineros registrados
fueron 5,551, de acuerdo con la contabilización del año anterior en
cuencas hidrográficas impactadas.
Pero el MINEM ha recorrido solo 13 de 65 cuencas en las que hay
actividad minera, de modo que su actualización no es completa. Este año,
el programa de actualización de pasivos comprende a las cuencas
hidrográficas del Rímac, Lurín, Huarmey, Pativilca y Huaura. En 2013, de
acuerdo con los planes, el recorrido habrá concluido. En ese momento,
el número de PAM registrados habrá subido significativamente. En 2010,
el estatal Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) participó en un
inventario de pasivos ambientales mineros en la cuenca del río Tingo, en
Cajamarca. Solamente ahí encontraron 1,200 PAM, y estimaron que la
remediación costaría alrededor de 25 millones de dólares. Si en una sola
microrregión donde hay actividad minera se encuentra una cifra de esa
magnitud, es posible imaginarse la dimensión de los PAM en zonas más
amplias.
Por otra parte, esta inspección es meramente visual. No se recoge
material para ser analizado, lo que solo ocurre en los pasivos
ambientales que van a ser remediados y tienen programas especiales en
tal sentido. Edgardo Alva Bazán, a cargo de la Dirección Técnica Minera
del MINEM dijo para esta nota que no hay presupuesto para ello.
La línea de base del MINAM son los PAM que fueron declarados por los
propietarios de las concesiones mineras que se ajustaron a la
legislación y elaboraron un plan de cierre de pasivos. La cantidad de
las empresas que cumplieron con esta formalidad es mínima, aunque
algunas son importantes y están contribuyendo a cambiar las cosas. Sin
embargo, en general, durante el transcurso de las últimas décadas, las
minas fueron cambiando de manos sin que los pasivos ambientales
originales hubieran sido remediados y sin que el Estado tenga claro
quién es, en última instancia, el culpable de la contaminación, y por
ende quién debe responsabilizarse de que los pasivos ambientales que
dejó sin cerrar.
Solo 50 responsables y muchos obstáculos
De
hecho, el Estado solo conoce a menos de cincuenta empresas causantes
de los PAM. En el cuadro general de pasivos disponible con este
artículo, hay un cuadrito que dice “Responsable”. Identifica a la
compañía que dejó los relaves. Solo ha sido llenado medio centenar de
veces. En el restante número de casos no se sabe a quién reclamar ni se
tiene un estudio de impacto ambiental en regla. La búsqueda de
responsables es débil e infructuosa y se da por cierto que hay relaves
originados hace más de cincuenta años cuyos causantes jamás van a ser
señalados.
Pero cuando se conoce quién dejó los PAM el problema no
necesariamente está resuelto. Una vez determinado el responsable, el
MINEM le envía oficio conminatorio para que presente un plan de cierre,
el cual usualmente es apelado ante el Consejo Nacional de Minería. Si
la empresa pierde, se inicia un conflicto judicial mientras el pasivo
ambiental sigue contaminando.
Esto ocurrió en el caso de los PAM de Ticapampa, en Ancash. Son desechos
visibles desde la carretera. El MINEM investigó, multó a la empresa
responsable del relave abandonado, Yahuarcocha, y se produjo una
controversia que continúa en un tribunal.
La contaminación se produce principalmente por el drenaje ácido de la
mina, a causa de la oxidación y lixiviación de materiales sulfurosos.
Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la
roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento
de las aguas ácidas. Actualmente se exigen planes de cierre al inicio
mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar
complicaciones, una de ellas por una inadecuada evaluación del proceso
de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de
desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar
la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una
nivelación completa, colocación de una cobertura y revegetación. De
acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas las operaciones
pueden ser más complejas. Al final, en el lugar debe haber una tal
estabilidad física y química que la salud humana y el medio ambiente no
resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la
fauna silvestre o para un uso beneficioso en actividades tan diversas
como pastoreo, recreación o nuevamente explotación minera.
Al explicar por qué el Perú dista mucho de tener una adecuada
política de tratamiento de los PAM, la directora del FONAM, Julia Justo,
pone mayor énfasis en las debilidades del Estado que en la
irresponsabilidad de las mineras. Justo dijo para esta nota que el
MINEM requería destinar mayores recursos humanos y presupuestales para
evaluar los PAM, limitaciones que en buena medida explican la deficiente
cobertura del inventario nacional de pasivos ambientales. El inventario
completo de una microrregión cuesta entre 50,000 y 70,000 dólares. Este
año el MINEM ya no gastará un centavo más en inspeccionar PAM, pese a
que la actualización de su inventario solo ha avanzado en un 20% de las
cuencas mineras.
Justo añadió que el Estado tampoco hace valer su autoridad
debidamente. Y no solo ante las mineras. “A veces, para que se remedie
una relavera, hay que atravesar una parcela de un vecino de la
comunidad. A pesar de que vas a ayudar a todas las familias, el dueño
del terreno exige que le den dinero o que le compren una casa en otro
sitio, como si ese espacio se fuera a utilizar para extraer mineral en
vez de remediar un daño ambiental y de salud pública. Con una mayor
autoridad del Estado, esta clase de trabas podrían superarse.”
Sin embargo, aunque es obvio que ha faltado voluntad política, otra parte del problema parece estar en la misma legislación.
El Estado en el banquillo de acusados
La
ley peruana, dirigida a lograr que el causante del pasivo se haga cargo
de la remediación, propicia un congelamiento del problema. Como los
responsables no están individualizados, nadie se encarga de cerrar los
relaves. El Estado, por su parte, siente que no es su obligación
hacerlo, e incluso cuando él es el culpable, como la contaminación de
Centromin en Pasco, o en el caso de pasivos “históricos”, que datan de
la época colonial, el mandato no es absolutamente imperativo. De
acuerdo con el reglamento de la ley de PAM el Estado puede remediar
áreas contaminadas por la minería cuando una empresa de su propiedad
dejó por lo menos dos tercios de la basura industrial.
“Excepcionalmente” lo hará en función del interés público, lo que en la
práctica funciona cuando ocurre una protesta muy fuerte.
En Cajamarca, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, el
MINEM actuó directamente, ante la presión, remediando con la idea de
enjuiciar posteriormente a los responsables y lograr la devolución del
monto gastado más los intereses de ley. Fue en la cuenca del Llaucano,
donde había cinco depósitos de relaves en la zona de El Dorado, en
antiguos yacimientos del estatal ex Banco Minero. Expuestos a erosión
por el viento, lluvias y escorrentías, constituían una de las
principales fuentes de contaminación de los lechos de río
Hualgayoc-Arascorgue. En el mismo departamento, y ante la fuerte presión
de los pobladores, FONAM asumió la remediación de otros 119 PAM en El
Dorado y La Tahona.
En cuanto a los pasivos dejados por el complejo estatal Centromin
Perú, el Estado hizo que una de sus empresas, Activos Mineros, cerrara
pasivos en Casapalca, Tablacacha, Morococha, La Oroya, Cerro de Pasco,
Yauricocha y San Antonio de Poto, para lo que se estableció un
fideicomiso de 21 millones de dólares. En 2008, EL MINEM informó que el
Estado asumiría excepcionalmente y en función del interés público, la
remediación de diversos pasivos ambientales calificados de alto riesgo
procedentes de la ex fundición Tinyahuarco, en la Pasco, así como la
de residuos mineros coloniales en las riberas del ex río Sagra y San
Juan, en la misma provincia. La decisión fue tomada en base a un informe
técnico estatal sobre la gravedad de la contaminación del río San Juan y
consiguientemente del lago Chinchaycocha. Sin embargo, la
contaminación del Chinchaycocha es de tal grado que está lejos de ser
mitigada por esta medida “excepcional”.
Este caso es un buen ejemplo de cómo, tras una contaminación
generada muchos años atrás, se entremezclan subsiguientes
responsabilidades de varias compañías mineras y del propio Estado.
Ubicado a 4,105 metros sobre el nivel del mar, el lago Chinchaycocha da
origen al río Mantaro y es el segundo más extenso del país después del
Titicaca, además de ser uno de los principales abastecedores de la
cuenca del Amazonas. En una zona declarada Reserva Nacional, acoge a
miles de especies de aves acuáticas, además de ranas, cuyes silvestres,
zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna. Las
autoridades locales, hartas de soluciones intermedias, han acusado ante
el Ministerio Público tanto a las empresas mineras concernidas con la
contaminación como al propio Estado.
La denuncia la hizo en octubre pasado el alcalde de la provincia de
Junín, Luis Solórzano, contra las empresas mineras Doe Run, El Brocal,
Aurex, Volcan, y contra los ministerios de Energía y Minas, del
Ambiente, y de Agricultura. La contaminación comenzó en 1929, cuando la
Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó la represa de Upamayo,
inundando más de 26 hectáreas de pastos naturales en perjuicio de ocho
comunidades, que demandaron una indemnización económica y que se detenga
el desembalse. Después sobrevino la producción de relaves por las
mineras, junto con la inacción estatal. Este año el Ministerio del
Ambiente reformuló un plan para el manejo ambiental del lago, pero su
credibilidad está por los suelos.
― Es una declaración de buenas intenciones. No le creemos― dijo Ginés Barrios, consejero provincial de Junín.
Los más peligrosos. ¿Qué hacer?
De
modo que el Estado, por sí mismo, ha remediado muy poco. Esto tendría
que cambiar, lo mismo que la legislación y la asignación de recursos,
dijo para esta nota María Chappuis, ex directora general de Minería del
MINEM. “El estado ― dijo Chappuis ― debe remediar y después cobrar”.
En 2005 un informe del Banco Mundial sobre la problemática ambiental
del sector minero en el Perú, sostuvo, en el capítulo sobre los PAM, que
los vacíos legales facilitaban a empresas evadir sus responsabilidades
transfiriéndoselas al Estado. Por un lado, la ley requiere que el MINEM
identifique a los responsables de la creación de PAM, y por otro no
permite sancionar retroactivamente los pasivos generados antes de 1990.
Por un lado, permite que el Estado asuma la remediación de los PAM
abandonados, y por otro exonera al gobierno de proporcionar cualquier
compromiso financiero para esta tarea pesada. Sin que el Estado ponga
dinero, es poco probable que la cooperación internacional financie a
través del FONAM la remediación de los PAM.
De acuerdo con Alva Bazán, el Estado tendría que remediar pasivos que
son muy graves y no tienen culpable, como los del rio Santa, en Ancash,
donde hay evidencias de una intensa actividad minera desarrollada con
polimetálicos, oro, carbón, tungsteno y algunos no metálicos, que
dejaron un PAM muy disperso, a nivel de pequeña minería principalmente.
Allí, hace dos años, el MEM calculó el costo de la remediación en unos
17 millones de dólares.
Ahora bien, ¿cuáles serían los PAM que requerirían la remediación más inmediata?
De acuerdo con Julia Justo remediar los 6,847 Pasivos inventariados
costaría no menos de $ 1,000 millones de dólares. La cifra es cercana a
la mayor recaudación que desde el 2011 el Estado percibirá anualmente
por concepto de gravámenes, tras el paquete tributario minero del pasado
septiembre. Pero el monto es solo una referencia. Durante el gobierno
anterior el FONAM propuso modificar la ley del canon y regalías mineras
para que un porcentaje de las mismas se derivara a la remediación de los
PAM. Pero esto implicaba afectar el presupuesto de los gobiernos
regionales, que se alimentan del canon, y la iniciativa no prosperó.
De todos modos, el gobierno de Ollanta Humala ha empezado a soltar
dinero para remediación de PAM al ritmo de las protestas sociales. Es
lo que funciona. Así, el MINEM acaba de anunciar que invertirá 75
millones de soles ―unos 28 millones de dólares― en la descontaminación
de la cuenca del rio Grande, en Puno, en beneficio de 60 mil pobladores
afectados por la basura de la minería informal. Si no anunciaba una
medida así, los conflictos en ese departamento, que en la primera mitad
del año amenazaron con impedir las elecciones en el departamento,
podrían volver a animarse. No lejos de allí, han resurgido las protestas
por pasivos ambientales que Southern afirma haber remediado
completamente en la Bahía de Ite, versión que es negada por dirigentes
locales. El tema ha vuelto sobre el tapete ahora que Southern anuncia un
plan de crecimiento de su planta de explotación de cobre en Toquepala, y
se convirtió en uno de los asuntos álgidos de los primeros cien días de
gobierno. Mientras tanto, una gran pregunta asoma en el ambiente:
¿habrá un plan general para cambiar la política estatal ―o la falta de
ella― ante los PAM o los problemas seguirán remediándose porque los
afectados amenazan con hacer justicia con sus propias manos?
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.
