POR: JEAN-GUY ALLARD
La situación de los derechos humanos en Venezuela por causas políticas registró un "alarmante nivel de deterioro" en 2010 anuncia desde Miami la agencia española EFE al citar Patricia Andrade, “presidente” de la Venezuela Awareness Foundation (VAF), “grupo de derechos humanos”. La agencia noticiosa, creada por el abuelo falangista de José María Aznar, omite precisar que Patricia Andrade es una colaboradora del líder fascista Alejandro Peña Esclusa acusado de terrorismo y que fue cómplice hace unos meses de la salida ilegal de Venezuela de otro delincuente.
En la entrevista, producto de la falta de ética de EFE cuando se trata de apoyar a la extrema derecha estadounidense y latinoamericana, Andrade afirma que según un supuesto “informe anual” de su organización, el año pasado contabilizó 27 presos políticos.
Apenas unas semanas después de los sucesivos arrestos en Caracas, Venezuela, de Francisco Chávez Abarca, brazo derecho de Luis Posada Carriles, y del líder fascista Alejandro Peña Esclusa, Andrade y su organización cuya membresía apenas ocupa un sofa de su sala, manejaron la salida ilegal de Venezuela del terrorista venezolano Raúl Díaz Peña, condenado por ataques con explosivo C-4 a dos embajadas, ocurridas en el 2003.
Peña Esclusa, con pasado golpista y una historia de actividades conspirativas violentas, está en espera de su juicio por ppsesiçon de 900 gramos de C-4 y detonadores en su domicilio de Caracas.
La Venezuela Awareness Foundation es formalmente afiliada a la organización UnoAmérica de Peña Esclusa, un reagrupamiento de partidos de corte neofascista que incluye hasta ex militares argentinos nostalgicos del Plan Condor, militantes del partido salvadoreño ARENA y militares hondureños.
En aquel momento, la activista de extrema derecha se nego a precisar de que manera Díaz Peña logró salir de Venezuela mientras se encontraba fuera de su lugar de detención por un permiso de salida de unos días. Tampoco como entró en Estados Unidos con la complicidad de las autoridades migratorias.
Mientras miles de inmigrantes son expulsados diariamente, manu militari, del territorio norteamericano, Díaz Peña, condenado en su país por poner bombas en embajadas, sigue apareció en Miami, edén de los patrocinadores del terrorismo, sin que en el FBI suene la alerta, lo que evidencia la conexión más alla del Departamento de Estado con los servicios especiales norteamericanos.
La corresponsalía miamense de EFE no pude ignorar los lazos equivocos de Andrade, un ex empleada de la OEA, con personeros como Roger Noriega, capos de organizaciones vinculadas a la mafia cubanoamericana terrorista de Miami, como a cómplices del asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson, prófugos de la justicia venezolana.
En diciembre de 2005, parlamentarios venezolanos presentaron grabaciones de conversaciones telefónicas entre Patricia Andrade y Tamara Sujú, sobrina del general Oswaldo Sujú, vinculado al golpe de Estado de 2002, donde se mencionaba a instituciones estadounidenses e se convenía de la utilización de la valija diplomática de la embajada de EEUU en Caracas como correo con presuntos terroristas.
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